La investigación se debe a contratos privados a particulares para que éstos inspeccionaran cursos de formación en Economía Social, pudiendo de este modo haber usurpado de sus funciones públicas a los funcionarios que por ley tienen atribuidas estas labores.
El juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción N.6 de Sevilla, José Ignacio Vilaplana, amplia el numero de investigados, con 10 nuevas personas, de una investigación judicial que comenzó en 2013, en relación a contratos privados a particulares para que éstos inspeccionaran cursos de formación en Economía Social, pudiendo de este modo haber usurpado de sus funciones públicas a los funcionarios que por ley tienen atribuidas estas labores.
Entre los nuevos investigados, el juez cita para declarar para el próximo 12 de diciembre al actual alcalde de Granada, Francisco Cuenca Rodríguez, por sus actuaciones como Delegado Provincial de la Consejería de Economía e Innovación de la Junta de Andalucía en 2010 y 2011. Los otros 9, también cargos en su día de la Consejería de Economía en las ocho provincias andaluzas, han sido citados para los próximos meses de noviembre y diciembre.
Además, para el mismo día 12 de diciembre, el juez ha citado también a Ana María Barbeito Carrasco, quien fue Directora General de Economía Social y Emprendedores de la Consejería de Economía, y quien ya prestó declaración como investigada.
La causa se inició a raíz de una denuncia del Sindicato Andaluz de Funcionarios que piden al juez investigar unos hechos en los que se podría haber incurrido en los posibles delitos de usurpación de funciones publicas, prevaricación y malversación.
En esta investigación se está analizando las contrataciones a particulares que se hicieron desde la Consejería de Economía de la Junta de Andalucía para realizar trabajos atribuyendo funciones y potestades que solo pueden realizar funcionarios públicos. Además, se están estudiando las razones que han llevado a acudir a procedimientos de contratación excepcionales (como es el contrato menor que puede ser de adjudicación directa) alterando el procedimiento ordinario de publicidad y libre concurrencia.
Otros investigados
En estos hechos están asimismo investigados los que en ese momento ocupaban el cargo de delegado provincial de la Consejería de Economía e Innovación en Jaén, Almería, Málaga, Cádiz y Granada, y a los jefes de servicio de Huelva y Córdoba.
Con el nuevo auto, el juez de refuerzo del Juzgado N.6 de Sevilla amplia el numero de investigados, solicita que se lleven a cabo nuevas diligencias, y archiva provisionalmente la investigación que afecta a un contratista y una funcionaria.
Como señala el auto de hoy «la atribución ilegítima de funciones públicas habría venido acompañada de la entrega de documentación administrativa consistente en modelos de Actas e Informes, posteriormente utilizados por cada contratista en el ejercicio de las funciones encomendadas y potestades atribuidas; documentos que cuentan con membrete o encabezamiento oficial de la “Junta de Andalucía” y del “Fondo Social Europeo” y que aparecen firmados por los propios contratistas bajo la rúbrica “Por la Administración (El Inspector)”; quedando así materializado por los contratistas el ejercicio de las potestades inspectoras atribuidas sin tener la condición de funcionarios y, por tanto, no ser Inspectores oficiales de la Administración Autonómica, figurando indebidamente como tales en el correspondiente expediente administrativo al que dicha documentación tenía por destino incorporarse».