Los representantes oficiales están mediatizados por el Gobierno -ya sea nacional o autonómico- vía subvenciones.
Llevamos unos días escuchando que el señor Rajoy va a reunirse con la patronal y los sindicatos para intentar buscar soluciones a la economía. Este señor aún no se ha enterado, que estos “interlocutores sociales” son, junto con los anteriores gobiernos, los que han arruinado a España.
La gran patronal lleva años como aliada del gobierno y los grandes sindicatos firmando convenios colectivos del todo abusivos para las empresas, apoyando cuanta normativa proponen los sindicatos con las excusas de las mejoras para los trabajadores y todo tipo de nuevas normas promovidas por los gobernantes.
Una estrategia más que premeditada y perfectamente diseñada por las multinacionales con el gobierno y los sindicatos de meros colaboradores necesarios. El fin ha sido, arruinar a pymes y autónomos con la intención de oligopolizar el mercado. De ahí, como unos cuantos grupos financieros, se han quedado con casi la totalidad del mercado estratégico español: las Eléctricas, las Grandes Distribuidoras Comerciales, las Telecomunicaciones, las Petroleras, las compañías de Transporte Público, las Constructoras etc. etc. Hemos visto como recientemente, el juez Ruz ha imputado a ocho grandes empresarios por recibir grandes beneficios desde el gobierno, ya sea nacional o autonómico (esto es solo la punta del iceberg) Prueba concluyente de los intereses particulares de las multinacionales a costa de la ruina de España.
Los representantes oficiales de pymes y autónomos, actúan como simples marionetas manejados por los hilos gubernamentales, gracias a las subvenciones recibidas, ya sea a nivel nacional o autonómico.
De esta manera se ha arruinado a casi toda la industria productiva nacional debido a:
Unos convenios colectivos que en muchos casos, parecen Tratados, de cómo arruinar a una empresa. Donde todo son beneficios para los trabajadores, en muchos casos haciendo imposible, la viabilidad de la misma.
Unas cuotas a la Seguridad Social que no solo son excesivas en la cuantía (de las más altas de Europa, porcentualmente a la base de cotización) sino que además no dan, apenas, cobertura alguna a la empresa en caso de baja del trabajador.
Numerosas nuevas normas que fiscalizan la actividad: Riesgos laborales, Vigilancia de la Salud, Protección de Datos etc. que no son más que formas de trabar a la empresa que tiene que ponerse en manos de otras empresas, con el sobrecoste correspondiente, para poder sobrellevar ese exceso de controles y burocracia y así y todo, ser un coto de caza de sanciones con cuantías del todo abusivas, en muchos casos, y basadas en el juicio del que inspecciona, gracias a la ambigüedad de las normas.
El precio desmedido y también abusivo de las tarifas de las empresas distribuidoras, energías fundamentalmente, las más caras de toda Europa. Nuestros gobernantes, nunca se han preocupado de buscar alternativas más económicas, sabiendo de la relación tan directa existentes entre precios de las energías y coste final de producción a la hora de salir al mercado, conlleva la consiguiente merma en la competitividad.
Por último, ¿Quién dice que se han disminuido las trabas para abrir una empresa? Ni nos representan la gran patronal, y mucho menos las asociaciones de las pymes y los autónomos compradas por las subvenciones de los gobiernos, ya sean autonómico o nacional.