Ya “la tenemos montá”, el Congreso circense: oposición que critica a Gobierno, presidente que se defiende atacando al anterior ejecutivo, partidos pequeños que comparecen cuando casi todos han abandonado la sala …
La sesión de control de los miércoles genera mucho fuzz mediático, destacándose ataques y réplicas cual pelea de pollos, o plató de Telecinco. Quizás sea lo único que nos quiere enseñar la prensa, igual es lo que demandamos como telespectadores. Entonces: ¿qué sabemos realmente sobre el trabajo de sus señorías? ¿que ocurre día a día?
“El Congreso de los Diputados tiene dos funciones, la legislativa, que consiste en aprobar leyes, y la de control al Gobierno”– reza la recién publicada ‘Guía de Qué Hacen Los Diputados para no perderse en el Congreso’. Para la función legislativa, los diputados trabajan en lo que se denominan comisiones legislativas (las hay permanentes y no-permanentes). Estas comisiones evalúan los Proyectos de Ley del Gobierno, realizan propuestas, enmiendas, y finalmente se vota. Para las funciones de control al Gobierno los diputados pueden realizar preguntas orales y escritas al Gobierno, solicitar la comparecencia de algún responsable del Ejecutivo o interpelar por vía urgente. Sirvan estas líneas como mi breve un-dos-tres de la actividad parlamentaria.
Y es que conocer qué ocurre en el Congreso de los Diputados, cuáles son los mecanismos para controlar la función del gobierno y los procedimientos por los que un texto acaba convirtiéndose en Ley tiene especial relevancia para la ciudadanía informada pero, sobre todo, para aquella con ganas de interceder en política desde la acción social colectiva.
Los grupos de presión o lobbies –que responden a intereses de sus clientes–, ya lo vienen haciendo: saben a qué diputado de qué comisión legislativa tienen que influir, saben en qué paso de tramitación de una ley hay más posibilidad de que se tengan en cuenta sus exigencias, cómo presentarlas, como presionar. Defiendo la re-apropiación ciudadana de la figura del lobby como un mecanismo de participación, en tanto que es una vía para incidir en las políticas públicas.
Un lobbista profesional, defienda los intereses de Telefónica o de Amnistía Internacional, cuenta con más recursos económicos y el know-how sobre cómo influir de forma efectiva, que la mayoría de movimientos sociales y plataformas, con menos recursos y militancia débil. No estamos en igualdad de condiciones. Es aquí donde la transparencia podría jugar un papel fundamental para dotarnos de un terreno de juego más justo. Dos buenas políticas públicas en este sentido serían hacer una publicidad proactiva de la actividad parlamentaria, y regular la actividad de lobby.
Publicar una base de datos con un sistema de búsqueda sencillo para el usuariado, actualizada diariamente, y que contenga un historial completo de leyes aprobadas por el Congreso clasificadas por temáticas, relacionadas con todo su proceso de tramitación, sesiones parlamentarias, cada voto de cada una de sus señorías, documentos de trabajo finales e intermedios en las comisiones, etc. Sería una buena política de transparencia parlamentarios y datos abiertos reutilizables.
En este sentido algo hemos avanzado, la web del Congreso ya publica sesiones y votaciones en formatos reutilizables, que en algo ayuda a organizaciones ciudadanas de monitorización parlamentaria como ‘Qué Hacen los Diputados’ y Proyecto Avizor, que reportan sobre la qué se cuece en el Congreso, o el Proyecto Colibrí (COngreso LIBRe) que posibilita hacer búsquedas por texto libre y por votos a favor / en contra / abstención / ausencia gracias a sus apps OpenCongreso y Congreso al Día. Desafortunadamente, sin contar con el resto de la información sobre la actividad parlamentaria, bien relacionada, y en formatos reutilizables, las organizaciones de monitorización parlamentaria continuarán haciendo encajes de bolillos para acercarnos a los ciudadanos qué ocurre en el Congreso.
Por regulación del lobby entiendo contar con un registro donde todo grupo de presión tenga la obligación de inscribirse antes que mantener reuniones con diputados, y hacer transparentes las agendas y actas de reunión de estos últimos. Así, la ciudadanía informada tendría acceso a ver quién influye a quienes gobiernan, y la participativa mejoraría sus capacidades de lobby observando cómo lo hacen los profesionales. En países como EEUU, que regulan esta actividad, han florecido iniciativas como el Influence Explorer de la Sunlight Foundation.
Es tal su grado de informatización que puedes incluso conocer la red de influencia de un personaje público si te estuvieras comunicando con él por correo: información que llega a tu bandeja de entrada sin que ni siquiera la busques. En España también queremos conocer las redes de influencia público-privada, y buena muestra de ello es el proyecto ‘Quién Manda’ de la Fundación Civio quienes están mapeando, en un esfuerzo crowdsourcing, la red de relaciones entre poderosos. Para conocer más sobre la necesidad de regular la actividad profesional del lobby, recomiendo que sigáis a la ONG Access-Info, quienes lo defienden como un principio inherente para la verdadera transparencia.
Debemos influir en las políticas públicas desde lobbies ciudadanos en el Congreso. Si estamos dispuestos a aceptar lo legítimo de los intereses sectoriales e industriales, los de ciudadanos y ciudadanas más. Por la #RegulaciónDelLobby y por la #TransparenciaParlamentaria para una ciudadanía capaz de incidir en las políticas públicas.