Engracia Rivera: «Los Ayuntamientos van a encontrarse con gravísimos problemas de financiación y prestación de servicios a sus ciudadanos si no se corrige este problema urgentemente”.

La Portavoz del Grupo de Diputados de IULV-CA, Engracia Rivera ha anunciado que este grupo en Diputación defenderá en el próximo Pleno una Moción Urgente para «instar al Gobierno Central a asumir su responsabilidad y, por tanto, solucionar el grave problema que se les viene encima a los ayuntamientos tras las recientes sentencias judiciales que condenan a las administraciones públicas al pago a los acreedores de los intereses de demora a los que renunciaron voluntariamente en virtud de los reales decretos de planes de pago a proveedores.”

El problema con el que se han encontrado los Ayuntamientos y que recoge dicha Moción, según IU, viene dado porque los proveedores solicitan el abono de los intereses a los que renunciaron por entender que no se ajusta a derecho y vulnera directivas del Parlamento Europeo.

Ya hay varias sentencias que reconocen el derecho de los proveedores a cobrar un porcentaje de interés que alcanza casi un tercio del principal y que podría suponer un montante total superior a los 3.000 millones de euros en todo el Estado.

A partir de 2012 y a través de diferentes mecanismos conocidos como planes de pago a proveedores las administraciones públicas a contrajeron préstamos con el objetivo de reducir la elevada deuda comercial existente. 

Las entidades locales han abonado a sus proveedores comerciales casi 11.600 millones de euros de facturas antiguas, si bien esos préstamos han supuesto un incremento de la deuda con las entidades financieras, «que tendrá graves consecuencias para los ayuntamientos si el Gobierno central no actúa con urgencia», denuncia IU.

La Moción que defenderá IU en la Diputación exige al Gobierno, una nueva moratoria de dos años, ampliándose así el periodo de carencia de los préstamos suscritos por las corporaciones locales al amparo del Real Decreto Ley 4/2012, evitando de esta forma que desde el próximo mes de agosto los Ayuntamientos de todo el país tengan que pagar intereses y amortización del capital, circunstancia que pondría en peligro no sólo la estabilidad sino lo que es más grave, que los vecinos y las vecinas de nuestros pueblos no puedan recibir los servicios públicos a los que tienen derecho.

 Además instarán al Gobierno Central a asumir su responsabilidad y, por tanto, solucionar el grave problema que se les viene encima a los ayuntamientos tras las recientes sentencias judiciales que condenan a las administraciones públicas al pago a los acreedores de los intereses de demora a los que renunciaron voluntariamente en virtud de los reales decretos de planes de pago a proveedores. Es el Gobierno Central el que debe pagar esos intereses. 

Según declaraciones de La Portavoz del Grupo de Diputados de IULV-CA: “De no corregirse la situación, los Ayuntamientos de Sevilla, y de toda España, van a encontrarse con graves problemas de financiación, que repercutirán no sólo en su gestión, sino en los servicios que prestan a la ciudadanía.” “Los esfuerzos de ajuste y planificación realizados por los Ayuntamientos durante estos últimos años van a verse gravemente afectados, y no habrán servido para nada.”