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El Ayuntamiento amplía en 200 plazas la zona azul

La organización presenta un recurso administrativo contra la nueva norma que añade más calles de estacionamiento regulado aduciendo que «el consistorio vuelve a saltarse la obligación legal de aprobar este aumento mediante una ordenanza fiscal».

La asociación de consumidores Facua ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo ante los juzgados de Sevilla contra la segunda ampliación de la zona azul llevada a cabo por el Ayuntamiento de la ciudad en las zonas de Luis Montoto, Viapol y Pirotecnia. Este recurso se suma al que la organización presentó el pasado mes de julio contra la primera ampliación de la zona azul por motivos similares.

Igual que ocurrió en el primer caso de ampliación, para Facua «el consistorio vuelve a saltarse la obligación legal de aprobar los cambios mediante una ordenanza fiscal y no a través de una simple resolución. Con ello, el Gobierno municipal reincide en su comportamiento de obviar los elementos de participación y garantía de los ciudadanos, eliminar los trámites de audiencia pública establecidos por la ley y el debido dictamen del Consejo Económico y Social de Sevilla así como la aprobación de la norma por el Pleno municipal».

El recurso judicial se ha emprendido tras transcurrir el mes de plazo que tenía la Delegación de Movilidad para dar respuesta al recurso de reposición que presentó la asociación y no obtener contestación.

La asociación de consumidores considera que, en la Resolución número 691 de 30 de junio publicada en el Boletín Oficial de la Provincia el 14 de julio de 2014, que viene a aprobar una adenda de las calles y tipología que habrá de unirse al Anexo I de la resolución 471 de fecha de 30 de abril de 2014 que regula la instauración del sistema de estacionamiento regulado en superficie en las zonas de Viapol, Macarena, Luis Montoto, Pirotecnia, Centro, Bami y Los Remedios, el Gobierno de Juan Ignacio Zoido (PP) no ha motivado de forma suficiente la necesidad y conveniencia de utilizar esta fórmula de aparcamientos rotativos en lugares donde el estacionamiento suele ser prolongado.

En su escrito, la asociación recuerda que la nueva ampliación afecta «a una gran multitud de zonas que hasta la fecha no disponían de este elemento recaudatorio de control en sus aparcamientos». Por lo tanto, Facuaconsidera que «una resolución de tal calado debería haberse tomado con una participación real y efectiva del conjunto de la ciudadanía».

«El Ayuntamiento no mejora, así, la rotación de las zonas afectadas, sino la recaudación por aparcamiento en ellas, algo que solamente beneficia a la empresa concesionaria del servicio, Aussa. Esto queda reforzado con el hecho de que el Consistorio no haya estudiado alternativas a esta medida ni ofrezca mejoras en las opciones de transporte público para los sectores sociales de menos capacidad adquisitiva», señala la organización.

Ni alternativas ni refuerzo de transporte público

La asociación recuerda que la ampliación de la zona azul afecta a áreas urbanas donde muchos sevillanos deben aparcar diariamente para acudir a centros de trabajo, de estudio, hospitalarios o de residencia, personas que se ven obligadas a utilizar el vehículo privado para actividades cotidianas.

En este sentido, Facua Sevilla entiende que los bonos residenciales no deberían ser limitados a los propietarios de vehículos que se encuentren empadronados en alguna de las vías reguladas, sino que habría que determinar un radio de varios cientos de metros alrededor de estas zonas. De igual forma, señala que deberían ser contempladas exenciones a usuarios que tengan su lugar de trabajo en las calles afectadas, estudiantes de centros educativos ubicados en las mismas o arrendatarios de viviendas que por la temporalidad no estén empadronados en ese domicilio, así como los usuarios que tengan que acudir a los centros sanitarios.

Con el recurso presentado este lunes en los juzgados de lo Contencioso-Administrativo, Facua reitera su disconformidad con la norma aprobada del Ayuntamiento. Además, recomienda a los usuarios que se vean obligados a pagar por estacionar en las nuevas calles afectadas por la zona azul que guarden los tiques para reclamar el dinero en caso de que los tribunales den la razón a la organización.