La medida, que contempla una compensación del 95%, reduciría el importe medio del recibo anual de 200 a 10 euros.
La Consejería de Fomento y Vivienda ha solicitado al Ayuntamiento de Sevilla que acuerde aplicar una bonificación del 95% en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a aquellas viviendas que son titularidad de la Junta y que están arrendadas a familias con necesidades habitacionales y escasos recursos, lo que les impide acceder al mercado inmobiliario privado. En la ciudad de Sevilla, la Junta gestiona a través de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) un parque residencial en alquiler de 3.329 inmuebles.
La medida solicitada por la Consejería de Fomento y Vivienda repercutirá directamente en las economías de estas familias inquilinas, cuya obligación de pago al Ayuntamiento en concepto de IBI pasaría de una media de 199 euros anuales por vivienda a 9,95 euros anuales, con un ahorro medio, por tanto, de 189 euros. Actualmente este impuesto supone una carga de 662.471 euros, que AVRA abona y posteriormente repercute después en el recibo de sus inquilinos, en cumplimiento de la normativa vigente.
La solicitud de bonificación del IBI se produce después de que el pasado 30 de diciembre, el Ayuntamiento aprobara en Pleno la ordenanza fiscal de medidas de solidaridad social, impulso a la actividad económica y fomento del empleo, según la cual podrá ser declarada actividad de especial interés o utilidad pública el arrendamiento de viviendas protegidas de empresas de titularidad pública, las cuales tendrán derecho a bonificación del 95% del IBI.
Para acceder a esa compensación, la ordenanza establecía un plazo de solicitud de declaración de especial interés para esta actividad hasta el 31 de enero pasado. AVRA presentó el pasado 15 de enero la solicitud, que deberá ser aprobada ahora por el Pleno Municipal.
«La medida no sólo redundará en las economías de las familias que habitan en las viviendas del parque público de la Junta de Andalucía, también permitirá a la Consejería disponer de más recursos para mejorar y rehabilitar ese patrimonio residencial, ya que la Agencia está obligada a utilizar los recursos económicos generados por estos inmuebles que gestiona para sufragar los gastos de administración, conservación y reparación de sus edificios», explica la Consejería y recuerdan que «así, se refuerza la función social de la vivienda pública, garantizando además unas condiciones dignas a las familias a las que está destinado este parque residencial. Pero además, las actuaciones que puedan realizarse con esos presupuestos tendrán una incidencia directa en la economía del municipio y generarán empleo en uno de los sectores, el de la construcción, más castigados durante el período de crisis»