PP y Ciudadanos han cerrado el bloque de medidas de economía y política fiscal, compuesto por 29 medidas, en el marco de su acuerdo programático para el Gobierno andaluz que ambos pretenden conformar, según informan agencias. Se trata del segundo bloque de medidas que acuerdan ambas formaciones, después de que este domingo se cerrara el relativo a medidas de regeneración democrática, un documento de 23 puntos.
El acuerdo contempla, entre otras medidas, una bajada del IRPF en todos los tramos de escala autonómica, la aprobación legislativa de un nuevo texto refundido de la Ley del Suelo de Andalucía y la exigencia al Gobierno de la Nación de la reforma inmediata del modelo de financiación autonómica, «defendiendo los intereses de todos los andaluces».
En un apartado de medidas que contempla una bajada de impuestos para la clase media y trabajadora, PP y Cs se comprometen a llevar a cabo una política económica de tratamiento de los recursos públicos basada en los principios de estabilidad presupuestaria, eficacia, eficiencia y suficiencia financiera, y a continuar con la reforma fiscal anterior del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, además de bonificar el 99% de la cuota del impuesto en el resto de los supuestos para parientes directos.
Junto a ello, ambos partidos acuerdan rebajar los tipos impositivos de Impuesto de Patrimonio equiparándolos a los tipos de la escala nacional del impuesto; revertir la subida del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (TPAJD); establecer un procedimiento más justo de valoración de bienes a efectos tributarios autonómicos para evitar tasaciones irreales; y realizar una revisión integral de la normativa fiscal ambiental andaluza.
Además de reclamar al Gobierno la reforma inmediata del modelo de financiación autonómica, PP y Cs pedirán una reforma de la financiación local y se comprometen a que desde el Gobierno andaluz se cumplirá con la financiación condicionada en la Ley de Presupuestos y en el Plan de Cooperación Municipal, así como con la financiación incondicionada cumpliendo los plazos de calendario. Además, pondrán en marcha los mecanismos para compensar a los ayuntamientos por el incumplimiento del compromiso de financiación incondicionada desde 2013.
En materia de reducción del desempleo, ambas formaciones se comprometen a apoyar a los autónomos, ampliando a 24 meses la Tarifa Plana de 50 euros para nuevos autónomos y emprendedores e implantando una tarifa superreducida de 30 euros para nuevos autónomos jóvenes menores de 25 años y mujeres en el ámbito rural. A ello se suma un ‘Sistema Arbitral de Segunda Oportunidad’ al que podrán recurrir quienes se encuentren en situación de sobreendeudamiento para poder reestructurar sus deudas.
A ello se une, acordar un Pacto Andaluz por el Agua que incluya, dentro del lógico consenso, la planificación de las infraestructuras hidráulicas prioritarias y de urgente necesidad entre las declaradas de interés de la Comunidad y que supongan minorar el déficit hídrico con interconexión de recursos. Además, contemplará la financiación de actuaciones que supongan logros hacia el ciclo integral del agua, incluyendo también medidas sobre la calidad de las aguas en un horizonte 2019- 2022, mejorando el tratamiento del saneamiento y depuración en los municipios andaluces.
Queda pendiente un tercer bloque, concretamente en materia de políticas sociales y que, según las citadas fuentes, se cerrará «a lo largo del día o mañana, como muy tarde».
Suprimir el Consejo Consultivo, reformar la Ley Electoral y que altos cargos no cobren dietas
PP y Ciudadanos cerraron este domingo el primer bloque de regeneración democrática de su acuerdo programático para el Gobierno andaluz que ambos pretenden conformar, y que contempla, entre otras medidas, la supresión del Consejo Consultivo, una reforma de la Ley Electoral y que los altos cargos de la Junta tengan «dedicación exclusiva» y no puedan cobrar dietas por la asistencia a sus reuniones.
Este bloque de regeneración democrática es uno de los tres -conformado en este caso por 23 puntos- de los que consta dicho acuerdo programático, dado que los otros dos tienen que ver con medidas de reactivación económica y fiscales, y de políticas sociales, en los que siguen trabajando los equipos técnicos de PP y Cs.
Un apartado de medidas contempla la «despolitización, eficiencia administrativa y lucha contra la corrupción», donde se defiende la «tolerancia cero con la corrupción», de modo que PP y Cs «se comprometen a la separación inmediata de los cargos públicos en todas las instituciones andaluzas, tanto autonómicas como locales, que hayan sido o sean imputados formalmente por delitos de corrupción, hasta la decisión definitiva del órgano judicial».
Asimismo, «ambos partidos se comprometen a que las personas que se encuentren en dicha situación no puedan ser incorporadas en las candidaturas electorales ni ser nombradas para desempeñar cargos públicos».
PP y Cs han acordado aprobar «un proyecto de reforma del Estatuto de Autonomía de Andalucía para la supresión de los aforamientos del presidente de la Junta, de los miembros del Consejo de Gobierno y de los diputados del Parlamento de Andalucía en los términos que actualmente se encuentran regulados para acabar con tales fueros y privilegios».
También se comprometen a aprobar «un proyecto de Ley de Despolitización de la Junta de Andalucía» que contemplará, entre otras, medidas de «reducción de los altos cargos a los estrictamente necesarios».
Además, con el proyecto de Ley de Despolitización se establecerán «unas tablas salariales que ordenen y racionalicen las retribuciones de los altos cargos y directivos públicos de la Junta», que «cobrarán en referencia a las retribuciones que se establezcan anualmente para los cargos análogos en el Gobierno de la Nación, sin que puedan superar las que se prevean para estos últimos».
Por otro lado, el acuerdo contempla «limitar a ocho años como máximo la duración del mandato de un mismo presidente de la Junta y de los consejeros».
‘Populares’ y ‘naranjas’ han acordado constituir «un grupo de expertos que estudie las posibilidades de redimensionamiento y de mejora de la eficiencia en la utilización de los recursos por la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA), así como las reformas necesarias para garantizar su profesionalidad, imparcialidad, pluralidad e independencia del poder político».
También se comprometen a implantar «un nuevo procedimiento para la selección de los miembros de los consejeros en los órganos de extracción parlamentaria que garantice su despolitización».
Finalmente, el acuerdo compromete una reforma de la Ley Electoral de Andalucía que incluya «una mejora de la proporcionalidad en el reparto de escaños que garantice una mayor igualdad en el voto de todos los andaluces», así como «una reducción de los gastos electorales», el «carácter obligatorio de la celebración de debates electorales» y «las garantías para que las personas con discapacidad puedan ejercer su derecho al voto de forma autónoma».