De las 282 familias atendidas, la oficina ha resuelto favorablemente 125 casos en el tiempo que lleva funcionando. Los restantes 157 se están negociando con expectativas de «resolución favorable».
La oficina de prevención, intermediación y protección contra los desahucios de la provincia de Sevilla, con sede en la Delegación Territorial de la Consejería de Fomento y Vivienda, ha actuado en sus primeros tres meses y medio de funcionamiento, entre el 8 de octubre y el 25 de enero, un total de 282 casos de desalojo, según ha explicado la consejera Elena Cortés durante la firma del convenio de adhesión del Ayuntamiento de Utrera al Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda. Esta iniciativa, según Cortés, «es la prueba de que la política sí puede cambiar las cosas si se pone de parte de las víctimas de la crisis y abandona la resignación».
Desde la puesta en marcha del Programa, el 8 de octubre, hasta el 25 de enero la oficina de Sevilla contra los desahucios tramitó un total de 345 expedientes, de los que 50 se abrieron en el ámbito de la prevención, 282 en el área de la intermediación y 13 en protección. De las 282 familias atendidas, la oficina ha resuelto favorablemente 125 casos en sólo tres meses y medio y los restantes 157 se encuentran abiertos con expectativas de resolución. «Hay 125 casos ya resueltos favorablemente pero los otros 157 siguen en tramitación y con expectativas de resolución favorable», explicó la consejera.
La solución satisfactoria en los 125 casos cerrados se ha logrado mediante negociación ante entidades financieras y juzgados para paralizar subastas y lanzamientos (65), con fórmulas como la dación en pago y el alquiler social (9), además de con otras vías como la reestructuración de la deuda hipotecaria y la renegociación de las cuotas (51). Las 13 familias que se dirigieron a las oficinas para solicitar protección o bien tenían el desahucio ya ordenado o bien habían perdido su vivienda habitual.
En el primer caso, desde la oficina se ha contactado con la entidad financiera o con los juzgados, según corresponda, para evitar o dilatar en lo posible la ejecución. En el segundo, estos puntos ofrecen no sólo la ayuda y asesoramiento para su inscripción en el registro municipal de demandantes, sino también la garantía de contactar con los servicios sociales del Ayuntamiento que corresponda para facilitar soluciones de emergencia, tanto habitacionales como de cobertura de las necesidades básicas. La oficina de Sevilla está comprobando si los afectados ya desahuciados que acuden en la fase de protección han encontrado alguna solución de emergencia, bien con sus familiares o de realojo, y están debidamente atendidas en el aspecto social.