El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha ordenado que la Junta le devuelva a Francisco Javier Guerrero su vacante de funcionario y el pago de parte de su salario correspondiente a la suspensión de funciones.
En la sentencia, la Sala de lo Contencioso del TSJA admite en cierta parte la reclamación del ex director general de Trabajo y reconoce su derecho a ser reingresado como funcionario, aunque a continuación la Administración podrá suspenderlo de sus funciones a causa de su imputación.
Los jueces reconocen a Guerrero el derecho a que le abonen “los derechos económicos devengados en la forma prevista reglamentariamente” y con efecto retroactivo desde el momento en que debió incorporarse a su puesto de trabajo.
El Ejecutivo andaluz decidió en enero de hace dos años admitir el reingreso de Guerrero como auxiliar administrativo y, a la vez lo suspendió en sus funciones y no me llegó a asignar un puesto de trabajo.
Guerrero vio rechazada su petición de ser asignado a un puesto de funcionario y tomar posesión por estar imputado en un procedimiento penal. Tras esto, la Junta alegó que “la naturaleza de los delitos y las circunstancias en que presuntamente se han cometido” justificaban tal medida de suspensión.
Sin embargo, según la jurisprudencia que cita el TSJA, podrá mantenerse mientras se sustancien las diligencias previas y no está limitada a los seis meses establecidos para el caso de un expediente disciplinario. Por tanto, la sentencia recuerda que el funcionario en suspensión de funciones tiene derecho a percibir el 75 por ciento de su sueldo, trienios y pagas extras, así como la totalidad de la ayuda familiar.