El Juzgado de Primera Instancia número 11 de Sevilla ha rechazado la demanda presentada por la Junta de Andalucía contra la empresa Boliden Apirsa, que actualmente se encuentra en proceso de liquidación, por el desastre de Aznalcóllar. La demanda estaba relacionada con los daños causados por la emergencia medioambiental ocasionada en 1998 debido a la rotura de la balsa de Aznalcóllar. La Junta reclamaba a Boliden una suma cercana a los 90 millones de euros por los costos asociados a la limpieza de unos 7000 millones de litros de materiales contaminantes que se vertieron desde la presa de Aznalcóllar hasta las inmediaciones del Parque Nacional de Doñana.

La sentencia argumenta que no existe una normativa que respalde la reclamación presentada: «Debe ser desestimada al no apreciarse que la acción ejercitada pueda sustentarse en la normativa y doctrinas invocada», expresa el fallo.

Las acciones llevadas a cabo por la Junta como consecuencia del desastre de Aznalcóllar, por el cual solicitaba los 90 millones a la empresa minera sueca, estaban relacionadas con la retirada de lodos (7000 millones de litros de material contaminado, con un coste de 46,9 millones de euros); depuración de las aguas de Entremuros (14,460 millones); control de la calidad ambiental (2,4 millones); investigación científica (5,2 millones); restauración ecológica de la zona afectada (16,5 millones); asistencias técnicas y actividades complementarias (2,93 millones) y control sanitario (2,065 millones).

La Junta deberá asumir las costas

La Junta, como parte demandante, deberá asumir las costas del proceso. Contra la decisión cabe presentar un recurso de apelación ante el Juzgado en un plazo de veinte días a partir de su notificación. La Junta tiene la intención de apelar y, según el portavoz del Gobierno andaluz y consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Ramón Fernández-Pacheco, es posible que la disputa legal llegue incluso al Tribunal Supremo.

El consejero expresó su respeto por la decisión judicial, pero también señaló que se trata de un caso sin precedentes en la jurisprudencia y doctrina, y que no están de acuerdo con la interpretación jurídica aplicada hace 25 años.

La Junta tiene motivos para recurrir, entre ellos, considerar que esta noticia es muy perjudicial para Andalucía y el medio ambiente, además de haber invertido casi 90 millones de euros para reparar las consecuencias del accidente minero que consideran de responsabilidad exclusiva del Grupo Boliden.

El Gobierno andaluz valora el respeto absoluto por el entorno natural y el principio de «quien contamina, paga», y en base a ello, argumentan su intención de apelar la sentencia.