Contenedores de Lipasam para residuos diversos ubicados en una plaza del centro de Sevilla en imagen de archivo. - Rocío Ruz / Europa Press

El Ayuntamiento de Sevilla aprobará este jueves 30 de enero en Junta Municipal de Gobierno extraordinaria el proyecto de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación de los servicios específicos de residuos y suelos contaminados. El pasado 20 de enero, el Consejero Económico y Social de Sevilla (CESS) exponía que tal y como está configurada la tasa y su correlación con la recogida de residuos, «no cumple» con los objetivos de la citada ley para «la separación en origen de residuos y el principio de quien contamina paga».

Según el dictamen de la CESS aprobado en Sesión extraordinaria del Pleno de este lunes, el tratamiento proporcional en función del número de personas empadronadas en cada domicilio, «no incentiva de ninguna forma el esfuerzo de reciclar, pues tal y como está configurado, el ciudadano va a pagar el mismo importe con independencia del esfuerzo por separar los residuos».

En este sentido, el CESS subrayaba que para cumplir con los objetivos que la Ley de Residuos establece, se debería «concienciar a la población para que se realice la separación en origen de los residuos y actuar contra el vandalismo». También han incidido en la importancia de la «separación de los costes computados en la actual tasa de recogida de basuras vigente».

Según el CESS, esta tasa «tampoco contempla la tributación de las viviendas deshabitadas y locales sin actividad», por ello, según el principio de «quien contamina paga» exigido por la Ley de Residuos, podría ser necesario en la determinación de la cuota en estos casos, «diferenciar una parte de la cuota por disponibilidad del servicio y otra por generación».

«Derogar la ley al derivar en una nueva tasa municipal de residuos»

El pleno del Ayuntamiento de Sevilla, celebrado el pasado 19 de diciembre en sesión ordinaria, aprobaba una moción del PP que reclamaba al Gobierno central del PSOE y Sumar la derogación de la citada Ley estatal 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular, derivada de una directiva europea de 2018; al «obligar» a los municipios a implantar una tasa específica que cubra todos los costes del servicio de gestión de residuos.

A la hora del debate plenario, el PP accedió a incorporar una enmienda planteada por el Grupo socialista a la moción, criticando la edil del PSOE Sonia Gaya la «hipocresía política» del PP, porque en el Parlamento Europeo «votó que sí» a la directiva comunitaria de la que deriva la ley estatal, en el Congreso de los Diputados «se abstuvo» ante la regulación nacional y ahora reclama su derogación. Además, la concejala del PSOE defendía que se trata de aplicar en España «una directiva que abunda en la correcta gestión de los residuos para preservar el medio ambiente, luchar contra el cambio climático y proteger la salud humana».

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