Con los bancos tiene contraída una deuda de 33 millones, a los que hay que sumar lo que se le debe a los proveedores -21 millones- y a la industria auxiliar –hasta 25 millones de euros-. Ésta última estaría dispuesta a entrar en el accionariado de Astilleros de Sevilla como condonación de la deuda.
Sevilla Actualidad. Deudas y más deudas. La crítica situación de los Astilleros de Sevilla es evidente a raíz del informe que la industria auxiliar naval de la capital ha presentado a la Junta de Andalucía. En él se refleja cómo la deuda de la entidad con ésta alcanza los 25 millones de euros, con los bancos tiene contraída una deuda de 33 millones y con los proveedores adeuda 21 millones.
Además, en el informe se apunta que hay 23 empresas, que suponen el 80% de la industria auxiliar de Astilleros de Sevilla, que llevan desde enero de 2009 sufriendo retrasos en pagos, devoluciones de efectos, retrasos en facturación y una serie de circunstancias provocadas por el astillero, «que les está provocando multitud de problemas», de manera que «llegan entre todas a tener en el aire casi 20 millones de euros y una pérdida de empleo de casi 1.300 trabajadores directos».
El informe alude a la gravedad del momento por el que están atravesando estas empresas y las propuestas en positivo que se realizan para intentar reflotar el Astillero de Sevilla.
Se recuerda que ante este panorama la empresa le propuso a la industria auxiliar para saldar la deuda una quita del 50%, mientras que el resto se abonaría antes de 31 de diciembre de 2012, de forma que «las cantidades aplazadas estarán suficientemente garantizadas».
La industria auxiliar rechazó esta propuesta y en este informe apuntó las consecuencias que este grupo de empresas considera que produciría la aceptación de esa propuesta, esto es, «la práctica desaparición del tejido industrial creado durante años a la medida del astillero, la pérdida de mano de obra cualificada en las auxiliares de pequeño y mediano tamaño; y pérdida de la disponibilidad absoluta con que cuentan estas empresas auxiliares a la hora de abordar imprevistos y contrariedades en el proceso».
Estas empresas recordaron que pasan por un momento de «grave liquidez y poco acceso a crédito» provocados «tanto por la situación del Astillero, como en la derivada de nuestras responsabilidades para con la Hacienda Pública y la Seguridad Social, que han mermado cuantiosamente nuestra capacidad financiera hasta, en algunos casos, el cese de la actividad empresarial, cierres y algún concurso de acreedores planteado».
Aseguraron que en este escenario «es muy difícil asumir las pérdidas a las que la propuesta nos avoca y aunque es nuestro compromiso e intención seguir apoyando el proyecto, la situación es de emergencia y la propuesta de la empresa es inviable, si no va acompañada de medidas que nos permitan recuperar liquidez para continuar con la actividad».
Agregaron que en términos cuantitativos el volumen de asunción de pérdida y refinanciación que se plantea es un millón de euros por intereses de demora condonados del crédito, en torno a 10 millones por la condonación de la deuda por el 50% de quita, en torno al millón de euros por interés de descuento de los efectos a recibir, y unos 500.000 euros por los gastos de devolución provocados.
La industria auxiliar indicó que, estimando que la gestión del astillero siguiera costando 80 millones por tres años, el coste anual sería de 26,6 millones, de manera que «la sociedad se beneficia de la actividad del astilleros en 250 millones al año», de maneras que consideraron que este astilleros «tiene un perfil en auge según la demanda actual internacional, que perfectamente puede defender su cuenta de resultados en condiciones normales».
No obstante, lamentó que el astillero «lleva en una situación de inactividad absoluta desde el 11 de diciembre de 2009 y sin actividad real desde tres meses antes, lo cual a día de hoy supone siete meses que por un coste operacional mensual de un millón de euros supone otros siete millones añadidos a la pérdida sufrida».
Agregaron en su informe que «el resultado del astillero en estos últimos años, desde su privatización, podría arrojar a día de hoy un cierre positivo de cinco millones de euros».
Dispuesta a entrar en el accionariado de los Astilleros
En ese sentido, la industria auxiliar, que recordó a la Junta que «el tiempo se agota», ha propuesto a la Junta que, en caso de venta a empresarios solventes, estarían dispuestas de participar en el accionariado de astilleros a cambio de la deuda condonada, con el objeto de «dinamizar un astillero con muchas posibilidades de negocio lo que permitiría garantizar carga de trabajo a estas empresas para los próximos años».
Asimismo, consideró necesaria la «creación de 500 puestos de trabajo directos de especialidades que actualmente se tienen que contratar fuera de Sevilla e incluso fuera de Andalucía, y que tendrían la opción de trabajar además de para el sector naval para otros sectores; la puesta en marcha de un plan de formación continuado para nuevos trabajadores y antiguos trabajadores; la creación de actividad empresarial y riqueza en la zona de Sevilla: y una inversión estimada de 10 millones a realizar en los astilleros».
En el documento entregado al viceconsejero de Empleo, Justo Mañas, las empresas auxiliares hicieron dos contrapropuestas a los astilleros, de forma que en una primera opción, están dispuestas a hacer una quita de la deuda de un 5% y cobrar el 95% restante en 14 pagos garantizados.
En ese sentido, propusieron como condiciones para la primera posibilidad «que toda la carga de trabajo disponible en el astillero quede para el total de industria auxiliar que ha realizado la quita, salvo algunas especialidades concretas, toda distribuida de forma proporcional al total del importe condonado».
Una segunda opción pasaría por una quita del 50% de la deuda, el 50% restante pagadero a enero de 2012 garantizado y un compromiso de contratación con precios de tarifa y condiciones de pago garantizados, así como un volumen mínimo de contratación hasta la finalización de los tres barcos actuales.
En relación a esta segunda opción, consideraron que el «esfuerzo» que las empresas realizarían con la quita propuesta «debe ser totalmente proporcional con el volumen de contratación de cada empresa».