Manuel Gómez Martínez ratifica su versión sobre las alertas que envió a tres miembros del Consejo de Gobierno de la Junta.
El ex interventor general de la Junta de Andalucía Manuel Gómez Martínez ha ratificado su versión ante el Tribunal Supremo este lunes en el juicio a la pieza política de la macrocausa de los ERE fraudulentos que se juzga en la Audiencia Provincial de Sevilla y que sienta en el banquillo de los acusados a 22 exaltos cargos de la Junta por presuntos delitos de prevaricación y malversación por el reparto fraudulento de las ayudas. Martínez ha insistido en que alertó a tres miembros del Consejo de Gobierno Andaluz sobre las «deficiencias» que apreciaba en las ayudas sociolaborales fraudulentas, alerta que fue ignorada.
En concreto, Martínez apuntó a José Antonio Griñán, entre 2004 y 2009 consejero de Hacienda, Antonio Fernández, exconsejero de Empleo y Francisco Vallejo, exconsejero de Innovación. A la pregunta del fiscal sobre si sostenía este lunes la versión aportada ante el Tribunal Supremo, Martínez la ha ratificado, aunque ha señalado que las alertas que se remitieron desde su departamento sí tuvieron una «eficacia tardía», puesto que cuando la Junta anunció en 2009 que modificaría las transferencias de financiación que luego resultaron ser empeladas de manera fraudulenta para trasladar los fondos a la caja de los ERE, «se cambió como consecuencia de nuestros informes».