Según el anteproyecto de ley de administraciones locales, los alcaldes de las tres principales ciudades de Sevilla podrán cobrar más de 60.000 euros. Otros cinco se quedarían sin salario.
El anteproyecto de Ley para la racionalización y sostenibilidad de la Administración Local va a tener un importante impacto en los ayuntamientos y las empresas municipales. La nueva norma prevé fijar en la ley de presupuestos anual los límites máximos a las retribuciones de cargos electos, empleados públicos y directivos del sector público local.
De este modo, el límite salarial para un alcalde será de unos 100.000 euros brutos anuales, cantidad que se equipara al salario de un secretario de Estado. Sobre este umbral se irá reduciendo en una progresión del 10% los salarios de los alcaldes en función del número de habitantes del municipio hasta llegar a poblaciones de menos de 1.000 habitantes, cuyos regidores no cobrarán por su condición de alcalde.
En la provincia de Sevilla son cinco los municipios con menos de 1.000 habitantes, cuyos alcaldes, de prosperar el anteproyecto de ley, no tendrían asignación. Estos municipios son Lora de Estepa (871 habitantes) , El Garrobo (778 habitantes), Castilleja del Campo (642 habitantes), San Nicolás del Puerto (634 habitantes) y El Madroño (324 habitantes).
Sin embargo, el tamaño de los municipios también determinará el número de concejales con dedicación exclusiva y, por tanto, con salario, así como el número de asesores (personal eventual) que podrán tener los consistorios a cargo de las cuentas municipales. El Gobierno desconoce la dedicación que tiene cada concejal en los municipios españoles y en su debe está aún la concreción de la ley. Pero, según el anteproyecto presentado ayer, la trasposición de la nueva norma a la provincia se materializaría de la siguiente forma.
En la ciudad de Sevilla, con más de 700.000 habitantes, el alcalde podría cobrar un máximo de unos 100.000 euros, no obstante, el sueldo de Juan Ignacio Zoido ronda los 61.000 por su condición de parlamentario andaluz y no de regidor de la capital hispalense. Asimismo, según el anteproyecto, el número de concejales con dedicación exclusiva, y, por tanto, con salario municipal se situaría en 25, del total de 33, y el número de asesores a cargo de las arcas no podrá superar el 0,7% de la plantilla municipal.
Dos Hermanas es la segunda ciudad de Sevilla, con 128.794 habitantes. Su alcalde, Francisco Toscano, no podría cobrar más de 75.000 euros -actualmente su salario se sitúa en torno a 61.000 euros- y, a su vez, no podría contratar a más de 27 asesores, que es el número de concejales del municipio. Asimismo, el número de concejales con dedicación exclusiva pasaría a 18.
La situación varía en la tercera ciudad de Sevilla, Alcalá de Guadaíra. Con 73.675 habitantes, la limitación salarial de su regidor, Antonio Gutiérrez Limones, se situaría en 65.000 euros -actualmente es superior a 61.000 euros y ronda los 80.000 como miembro del Senado de España- y el número de concejales con dedicación exclusiva se establecería en 15 de los 25 que componen el Ayuntamiento. En este caso, el número de asesores no podría superar la mitad de los concejales, de modo que se limitarían a 12.
Mairena del Aljarafe, Écija, Los Palacios y La Rinconada se encontrarían en el siguiente nivel, al ser municipios entre 50.000 y 35.000 habitantes. Sólo podrían tener 11 concejales dedicados con exclusividad y siete asesores cobrando de las arcas municipales.
Estos concejales con salario serán 10 como máximo en los pueblos entre 35.000 y 20.000 habitantes: Coria del Río, Carmona, Morón de la Frontera, Lebrija, Camas, Tomares, Mairena del Alcor y San Juan de Aznalfarache, que también tendrán un límite de siete asesores.
Siete serán también los concejales con salario y dos los asesores que podrán tener los municipios entre 20.000 y 15.000 habitantes: Marchena, Lora del Río, Arahal, Bormujos, El Viso del Alcor, Osuna, Castilleja de la Cuesta, Las Cabezas de San Juan y La Algaba.
Pilas, Espartinas, Gines, Sanlúcar la Mayor, Estepa, Brenes, La Puebla del Río, Guillena, La Puebla de Cazalla, Alcalá del Río y Cantillana, al ser municipios entre 15.000 y 10.000 habitantes, tendrán un límite de dos asesores y cinco concejales con sueldo.
El grueso de municipios sevillanos (entre 10.000 y 3.000 habitantes) tendrán sólo 3 concejales con salario, un aspecto que afectaría a Palomares del Río, Montellano, Paradas, Gerena, Benacazón, Constantina, Herrera, Aznalcóllar, Burguillos, Villanueva del Ariscal, Isla Mayor, Almensilla, Casariche, La Campana, Pedrera, Villanueva del Río y Minas, Salteras, Castilblanco de los Arroyos, El Coronil, Cazalla de la Sierra, municipios que sólo podrán disponer de un asesor.
Según la norma, el resto de municipios sevillanos no podrán disponer de ningún asesor en el Ayuntamiento, por estar por debajo de los 5.000 habitantes. De este modo, los consistorios de La Luisiana, El Saucejo, La Roda de Andalucía, Villamanrique de la Condesa, Aznalcázar, Los Corrales, Gilena, La Lantejuela, Peñaflor, El Rubio, Alcolea del Río, Los Molares, Cañada Rosal, Badolatosa y La Puebla de los Infantes continuarán con la posibilidad de albergar tres concejales con salarios pero ningún asesor.
Habrá sólo dos concejales con sueldo en Olivares, Tocina-Los Rosales, Gelves, Bollullos de la Mitación, El Cuervo, Santiponce, Valencina de la Concepción, Umbrete, Villaverde del Río, Fuentes de Andalucía, Guadalcanal, Albaida del Aljarafe, Pruna, Castilleja de Guzmán, Martín de la Jara, Marinaleda, Huévar del Aljarafe, Carrión de los Céspedes, El Pedroso y Aguadulce.
Alanís, Las Navas de la Concepción, El Castillo de las Guardas, El Real de la Jara y Almadén de la Plata, Coripe, El Ronquillo, Villanueva de San Juan y Algámitas sólo tendrán un concejal con sueldo (el alcalde) mientras que en Lora de Estepa, El Garrobo, Castilleja del Campo, San Nicolás del Puerto, y El Madroño ni siquiera el alcalde cobraría, por ser municipios con menos de 1.000 habitantes.
El objetivo, la eficiencia
El anteproyecto de ley pretende clarificar las competencias municipales, evitar duplicidades, racionalizar la estructura de la Administración local y garantizar un control financiero y presupuestario. Con estas medidas, se prevé un ahorro neto total de 7.129 millones de euros entre 2013 y 2015.
Junto a los alcaldes, empleados públicos y directivos de empresas públicas locales, los presidentes de Diputaciones también tendrán un límite máximo por todos los conceptos retributivos y la asistencia a las sesiones oficiales, que será igual al del alcalde de la Corporación más poblada de su provincia. En este caso, el presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, podrá cobrar como máximo, lo mismo que el alcalde de Sevilla.
Los concejales que sean proclamados diputados provinciales tendrán que elegir entre uno de los dos sueldos. Sólo los concejales que no tengan ni dedicación exclusiva ni parcial cobrarán dietas de asistencia a sesiones de órganos colegiados. Asimismo, el número de asesores en la Diputación de Sevilla deberá estar limitado a 15, ya que no podrá superar la mitad del número de diputados (31).
El anteproyecto fija además un coste estándar para cada servicio público. En el caso de los municipios menores de 20.000 habitantes que no lleguen a la cobertura exigida, la gestión estos servicios se trasladará a las diputaciones provinciales. «La diputación será un gran gestor de servicios públicos para los municipios de menor tamaño, que son la mayoría», aclaró el ministro de Haciendo y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro en rueda de prensa.
El ministro también explicó que «queda prohibido crear nuevas empresas públicas, las existentes tendrán que sanearse o disolverse y se suprimen las que dependen de otras entidades». Además, señaló que se fortalece el papel de los interventores locales para dotarles de mayor imparcialidad y garantizar el control financiero y presupuestario más riguroso».
Las mancomunidades y entidades locales menores deberán presentar sus cuentas en tres meses, si no desaparecerán. «No podemos admitir que se estén gestionando recursos públicos sin rendir cuentas», explicó Montoro. Asimismo, respecto a los salarios de los empleados públicos se establecerán baremos para que no haya tantas diferencias entre los funcionarios de las distintas administraciones.