Entre las medidas, destaca la reducción de 13 a 10 las consejerías y la supresión de un 50% los altos cargos, delegados provinciales y gerentes provinciales.
El vicesecretario general del PP andaluz, Ricardo Tarno, ha anunciado hoy algunas de las 54 propuestas que el Grupo Parlamentario Popular ha presentado en las modificaciones legislativas y normativas en materia de transparencia y calidad democrática, «para derogar 32 años de malos usos y abusos» en la Administración andaluza, y así, según declaró, «mejorar la calidad de la democracia en Andalucía, ya que durante muchos años casi todas las propuestas han sido rechazadas por el PSOE en algún momento».
En rueda de prensa en Sevilla y acompañado por la vicesecretaria de Política Electoral del PP andaluz, Patricia Navarro, Tarno destacó que con este paquete de medidas «el PP intenta mejorar la calidad democrática, y mejorar el mecanismo de calidad para hacer más austera, cercana y ágil» la Administración.
«Con estas 54 medidas, los ciudadanos podrán acceder a mayor información y la oposición jugará un papel real con el Ejecutivo», subrayó el vicesecretario general de los populares andaluces, quien criticó que durante «muchos años los socialistas han rechazado estas propuestas del PP, por lo que han perdido la credibilidad».
Mientras tanto, la formación ha anunciado que ya ha puesto en manos de la juez que investiga los ERE falsos documentación que vincularía a las empresas a las que se les pagó del «fondo de reptiles» para ayudar a medios de comunicación «afines» al PSOE de Huelva con la construcción de la sede de los socialistas onubenses.
El secretario general del PP andaluz, Antonio Sanz, explicó durante la celebración de un acto en memoria del 14º Aniversario del asesinato del edil del PP de Ermua Miguel Ángel Blanco a manos de ETA en Alcalá de Guadaíra, que el PP quiere «dar un paso más» en la denuncia que ya puso de manifiesto la semana pasada -cuando pidió explicaciones al propio Jiménez sobre si había tenido «alguna participación» en la concesión de cuatro ayudas valoradas en 750.000 euros y procedentes de la partida presupuestaria 31L a un periódico y a una televisión de la provincia de Huelva.
El PP reclama a la jueza que investigue la «sospechosa y parece que definitiva vinculación» entre los empresarios que recibieron las ayudas procedentes del «fondo de reptiles» para «los medios afines» al PSOE onubense con la construcción de la sede del PSOE de Huelva, de forma que «el círculo se cierra».