La consejera de Hacienda de la Junta de Andalucía, Carmen Martínez Aguayo, se ha reunido este mediodía con la Mesa de la Función Pública, que agrupa a los sindicatos C-SIF, CCOO y UGT.
El encuentro, que llega días después del severo plan de recortes presentado por el Gobierno andaluz para ahorrar más de 3.500 millones de euros, ha servido para explicar en qué medida afectarán los ajustes a los trabajadores y empleados del sector público andaluz.
Pese a que la postura de los tres principales sindicatos era de público y notorio rechazo frontal a estas medidas, tanto C-SIF como UGT y CCOO han confirmado tras la reunión sus primeras impresiones.
De esta forma, UGT ha insistido en que “no admitiremos que se pierda ni un solo puesto de trabajo”. “UGT ha dejado clara desde el primer momento su postura: no consentiremos que se toque un solo puesto de trabajo”, ha reivindicado.
En un extenso documento firmado por el secretario general de FSP UGT-Andalucía, Antonio Tirado, la organización sindical se pregunta “¿cómo pretenden cubrir los servicios que la administración tendría que dejar de prestar por falta de personal? Servicios que son necesarios y la sociedad va a reclamar, ¿acaso buscan la privatización y externalización de los mismos? ¿No es eso igual que hacer pagar a los ciudadanos por servicios que anteriormente eran gratuitos? ¿Quién es capaz de asegurar que esos servicios además no perderán en calidad?”.
“No compartimos una nueva reducción de salarios de los empleados públicos de esta comunidad autónoma, aunque sí reconocemos el esfuerzo en la línea de mantener el empleo público en Andalucía, y por preservar así, el modelo de servicios públicos. Por tanto, creemos que para poder garantizar derechos y voluntades de todos los que tenemos que apoyar esta causa, es necesario la negociación de las medidas que pretendan llevarse a cabo y afecte a la sociedad”, insiste UGT.
“Ante la situación que hemos planteado, UGT exige la inmediata apertura de una mesa de negociación para determinar las incidencias de los recortes en el conjunto de nuestra comunidad autónoma”.
Por su parte, desde CCOO se ha pedido “un debate previo y de mayor calado”, al tiempo que se ha mostrado el frontal rechazo a unos recortes que suponen “ruina a Andalucía y merma la calidad del empleo”.
«Estamos abiertos al diálogo siempre que se mantengan los servicios públicos, el empleo y su calidad», aseguran desde el sindicato.
Finalmente, el presidente de CSIF-A, José Luis Heredia, ha recordado, según información de agencias, que las medidas de ajuste “no han tenido ninguna consulta con los agentes sociales». Es por eso que ha mostrado su rechazo a un plan que “soportan los empleados públicos”, que pierden más de un 20% de poder adquisitivo en sus nóminas.
Por todo ello, la organización sindical recuerda que “hay otras partidas, no todo debe caer sobre el capítulo 1 del Presupuesto”.
A partir del próximo lunes se abren las mesas sectoriales, entre ellas, las de Sanidad y Educación.
“Ejercicio de responsabilidad”
Mientras tanto, el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, ha subrayado el «ejercicio de responsabilidad» realizado por Andalucía después de que el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) diera luz verde al plan de ajuste presentado por la comunidad autónoma para dar cumplimiento al objetivo de déficit, establecido en un 1,5% para 2012.
El Consejo aprobó el plan de reequilibrio andaluz tras la introducción de unas modificaciones de última hora que incluían un incremento en la cuantía reservada para alcanzar este compromiso.
Griñán ha incidido en la responsabilidad mostrada por la comunidad autónoma, pese a que «se le estaba aplicando el 20% del esfuerzo de déficit» que tienen que hacer todas las regiones y a pesar de que la aportación de Andalucía «a la riqueza nacional es del 14%» y que ésta es una comunidad «mucho menos endeudada que la mayoría».
Respecto a los términos del Plan Económico Financiero de Reequilibrio 2012-2014, el presidente de la Junta ha expresado su satisfacción por que la comunidad andaluza haya logrado preservar las «líneas rojas» que había planteado para llevar a cabo los ajustes, como son el mantenimiento de los servicios públicos esenciales (educación y sanidad) y del trabajo de los empleados públicos.
«Vamos a hacer unos ajustes que no pasan por privatizar ni en educación ni en sanidad», ha manifestado Griñán, que ha apuntado que el retroceso en materia educativa requeriría años para «volver a recuperar el terreno».
Por otro lado, el máximo responsable autonómico ha reivindicado la necesidad de fortalecer el valor España ante los mercados cuando se está viviendo el peor año de la crisis económica, y ha hecho un llamamiento a toda la sociedad para «alcanzar grandes consensos».
«España sí necesita el acuerdo de todos», ha aseverado el presidente de la Junta, que ha apostado por alcanzar dos grandes acuerdos, uno en relación con la reforma financiera y otro para el estímulo de la economía y la creación de empleo.