La juez estima en su auto que la consultora pudo sobornar a altos cargos de la Junta aunque no especifica los nombres y señala que el único acreditado hasta el momento es Francisco Javier Guerrero.
El caso ERE avanza y abre un nuevo capítulo en el que aparecen las responsabilidades de los altos cargos de la Junta de Andalucía. Según el último auto de ingreso en prisión de los exdirectivos de Vitalia Eduardo Pascual y María Vaqué, la juez Mercedes Alaya, instructora de la investigación, apunta a que Vitalia «obtuvo los medios suficientes para presuntamente corromper de manera continuada a cargos de la Administración autonómica», según informan El País y El Mundo en su edición digital este martes.
Alaya no detalla los altos cargos de la Junta que habrían sido sobornados por Vitalia y sólo cita el nombre del ex director general de Trabajo y Seguridad Social, Francisco Javier Guerrero, actualmente en prisión como principal imputado en el caso. No obstante, la juez señala que las sobrecomisiones cobradas por las pólizas de los ERE eran acordadas por el director general de Vitalia, Antonio Albarracín, y la Junta, a través de personalidades como Guerrero aunque «con el conocimiento y autorización de los superiores jerárquicos de ambos; Eduardo Pascual y María Vaqué por un lado y el consejero de Empleo por otro», según indican en el auto e informan agencias.
A juicio de la magistrada, estas sobrecomisiones perseguían múltiples destinos, entre ellos, el enriquecimiento personal de los intervinientes y cita a Eduardo Pascual, María Vaqué, Jesús Bordallo y Antonio Albarracín, por parte de Vitalia y a Francisco Javier Guerrero, «entre otros», por parte de la Junta de Andalucía.