El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el anteproyecto de la norma, que consolida el sistema público y blinda las prestaciones básicas.
El Consejo de Gobierno ha aprobado el anteproyecto de Ley de Servicios Sociales de Andalucía, norma que universaliza el acceso al sistema público de servicios sociales y garantiza la atención prioritaria en casos de urgencia personal, familiar y social, al tiempo que blinda las prestaciones básicas exigibles por la ciudadanía. El texto, presentado por la consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, será ahora sometido al trámite de consultas y exposición pública para su aprobación y remisión como proyecto al Parlamento andaluz.
Sánchez Rubio ha indicado que la futura ley, que sustituirá a la vigente desde 1988, considera como «personas beneficiarias» del sistema a «todas aquellas de nacionalidad española con residencia en la comunidad autónoma, las extranjeras empadronadas y residentes, los andaluces y las andaluzas en el exterior y, en su caso, a todas aquellas que encontrándose en Andalucía sufran alguna situación de extrema urgencia personal, familiar o social». «La norma sitúa a la personas como centro de todas las políticas sociales y se basa en los principios básicos de universalidad e igualdad de todas las personas», ha detallado.
El anteproyecto establece como finalidad básica las de «prevenir, dar cobertura y atender» las necesidades individuales y sociales básicas de las personas en su medio, «mejorar su bienestar y garantizar el derecho a una vida digna», protegiendo de manera «especial y urgente» a las que se encuentran en situación de abandono, exclusión social o gran necesidad.
Una de las principales novedades del texto, ha añadido la consejera, es el reconocimiento del derecho de la persona usuaria a la libre elección del tipo y modalidad de servicio más adecuado de entre los disponibles, «así como a renunciar al mismo si lo desea». Del mismo modo, se recoge la opción de que cada persona pueda expresar su voluntad anticipada de recibir un determinado recurso en previsión de situaciones futuras de incapacidad.
Igualmente, Sánchez Rubio ha explicado que el anteproyecto recoge el derecho del usuario a tener asignado un profesional de referencia que «dé continuidad e integralidad a su atención», también en su domicilio si fuera preciso. Este trabajador, que funcionará como primer nivel de interlocución para el grupo de población asignado, dotará a los usuarios de las herramientas y habilidades para que tomen sus propias decisiones y se encargará de valorar, planificar, coordinar y garantizar la adecuada atención a la ciudadanía. Junto con este derecho, también se incluye el derecho a disponer de información veraz, suficiente y fácilmente comprensible.
Prestaciones garantizadas
La segunda gran novedad del anteproyecto es el establecimiento de un catálogo de prestaciones garantizadas, que serán «exigibles» por parte de la ciudadanía y tendrán la consideración de derecho subjetivo. Formarán parte de esta lista, al menos, los servicios de información, valoración, orientación y asesoramiento; los programas de atención social y su seguimiento; la teleasistencia; la atención en urgencia social; los servicios específicos de protección de menores en situaciones de riesgo o desamparo; las prestaciones económicas específicas y directas contra la exclusión y para la erradicación de la marginación y la desigualdad; la protección jurídica y social de personas con capacidad limitada, y las prestaciones ligadas a la dependencia.
Junto a este catálogo, el anteproyecto prevé la elaboración de otro con las denominadas prestaciones condicionadas, que se proporcionarán en función de las necesidades que se detecten y según la disponibilidad de recursos.
Por otra parte, la consejera ha destacado que la norma recoge la creación de la Historia Social Digital, denominada RESISOR (Regional Single Social Record). Esta herramienta electrónica andaluza, que deberá estar definida antes de septiembre, permitirá una mayor coordinación de los datos disponibles y contará con la información más precisa posible con el objetivo de facilitar una mejor atención integral y de calidad al usuario. De igual modo, también se crea la tarjeta social electrónica, que se facilitará a todos los andaluces conjuntamente con la tarjeta sanitaria para garantizar la igualdad en el acceso y la universalidad del sistema.
La nueva normativa desarrollará los derechos recogidos en el Estatuto de Autonomía para Andalucía y armonizará la aplicación en Andalucía de Ley de la Dependencia (la comunidad concentra actualmente el 24% de todas las prestaciones del conjunto de España y el 22% de las personas beneficiarias). Otra de sus previsiones es la elaboración del Mapa de Servicios Sociales de Andalucía, «que favorecerá la coordinación entre los recursos del sistema social y del sanitario».
Asimismo, Sánchez Rubio ha indicado que la futura ley introducirá por primera vez la perspectiva deontológica con la creación del Comité de Ética de los Servicios Sociales de Andalucía y la previsión de elaborar un código de ética profesional y otro para los proveedores del Sistema Público de Servicios Sociales.
Para la consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, con esta norma, «estamos construyendo la casa, el edificio, el armazón de un verdadero sistema público de sistemas sociales que extiende los derechos y los consolida». A su juicio, Andalucía «está dando un paso de gigante y diseñando el sistema para el futuro basado en los principios básicos de universalidad e igualdad de acceso de todas las personas».