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El Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla continúa con las actuaciones contra el exconsejero socialista de Empleo de la Junta de Andalucía, Manuel Recio, el ex rector de la Universidad de Cádiz (UCA), Diego Sales, y Sebastián S.G., representante legal de Fueca. La investigación se centra en la presunta ilicitud del otorgamiento, pago y justificación de 20,2 millones de euros para la Fundación Universidad Empresa de Cádiz (Fueca). Todo ello, destinado a cursos de formación a extrabajadores de Delphi, siendo «fictica la contratación laboral de los extrabajadores» el «objeto principal» de la subvención.
En un auto del 9 de enero, difundido por el TSJA, el magistrado de refuerzo José Ignacio Vilaplana aprecia presuntos delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y fraude de subvenciones. El juez instructor acuerda la suspensión de la causa del exconsejero de Empleo de la Junta Antonio Fernández y Juan Manuel Bouza, ex delegado de Empleo de la Junta de Andalucía en Cádiz. Todo ello tras considerar que «no se encuentran en la causa indicios sólidos que permitan atribuirles participación en los hechos investigados».
La causa investiga los hechos vinculados con «la contratación simulada de los antiguos trabajadores de Delphi por unos cursos de formación que requerían su contratación y alta en la Seguridad Social sin que existiese una prestación de servicios».
«Desvío de fondos públicos»
Tras asegurar que también «podría haberse producido el desvío de los fondos públicos a través de subcontrataciones no autorizadas y otras irregularidades», el juez precisa que «el delito se habría configurado en torno a la simulación de contrataciones con los exempleados de la empresa Delphi, incluyendo así salarios, cotizaciones y otros gastos que pagaría de modo indirecto la propia Junta de Andalucía a través de Fueca». De este modo, la fundación «contrataría a los trabajadores de Delphi, pero siempre con financiación pública».
El juez incide en que el proyecto subvencionado en favor de Fueca consistía en proporcionar formación a los extrabajadores de Delphi para mejorar su empleabilidad, «pero se exigía su contratación y alta en la Seguridad Social, sin que existiese una verdadera prestación de servicios dentro de Fueca».
«Contratación ficticia y fraudulenta»
«A través de esta subvención, los responsables de la Consejería de Empleo investigados habrían posibilitado la contratación ficticia y fraudulenta de los trabajadores de Delphi, comprometiendo fondos de forma ilícita mediante la simulación de unos supuestos contratos para obra o servicio determinado, que no tenían contenido efectivo», asevera el magistrado.
Añade que «no se puede equiparar a la «prestación de servicios» propia de la relación laboral la asistencia de la persona a la que se dio de alta en la Seguridad Social, como trabajador por cuenta ajena, a los cursos de formación impartidos, sin derivar los beneficios económicos obtenidos por tal entidad fruto del trabajo de aquellos supuestos trabajadores, sino de la subvención graciosamente concedida por la Junta de Andalucía para la realización» de las actividades formativas.