España ha abierto una investigación contra la empresa Open AI, dueña de ChatGPT, por una posible vulneración de la privacidad de los usuarios, al considerar que viola las leyes europeas de Protección de Datos. Así lo ha informado este jueves la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), quien ha iniciado de oficio actuaciones previas de investigación a la empresa estadounidense «por un posible incumplimiento de la normativa».
La semana pasada, la Agencia solicitó al Comité Europeo de Protección de Datos (EDPB, por sus siglas en inglés) –del que la AEPD forma parte junto a otras autoridades de protección de datos del EEE– que se incluyera el servicio ChatGPT como tema a abordar en su reunión plenaria, al considerar que los tratamientos globales que pueden tener un importante impacto sobre los derechos de las personas requieren de acciones armonizadas y coordinadas a nivel europeo en aplicación del Reglamento General de Protección de Datos. El Comité ha decidido en el Plenario celebrado este jueves lanzar un grupo de trabajo para fomentar la cooperación e intercambiar información sobre las acciones llevadas a cabo por las autoridades de protección de datos.
Con el inicio de la investigación de ChatGPT en España y la participación en el grupo de trabajo europeo, la AEPD actúa en paralelo en el marco de sus potestades y competencias como autoridad nacional de supervisión y control, además de en coordinación con sus homólogas europeas a través del Comité.
La Agencia aboga por el desarrollo y la puesta en marcha de tecnologías innovadoras como la inteligencia artificial desde el pleno respeto a la legislación vigente, ya que considera que «sólo desde ese punto de partida puede llevarse a cabo un desarrollo tecnológico compatible con los derechos y libertades de las personas».
El caso de Italia
Italia ya bloqueó el acceso a ChatGPT el pasado 31 de marzo, ya que la «ausencia de base jurídica que justifique la recogida y almacenamiento masivo de datos personales» podría suponer una vulneración del Reglamento General de Protección de Datos, la primera ley europea de privacidad.
Ahora, Open AI tiene hasta el 31 de mayo para presentar un plan de acción que verifique la edad de los usuarios y que excluya a los menores de 13. Las autoridades mantendrán el veto a ChatGPT si la empresa estadounidense no cede a estos requerimientos.