Habrá que contarles a londinenses, parisinos y otros bárbaros europeos que no tienen ni idea, que eso de los edificios emblemáticos en los parques ya no se lleva, que lo sostenible es fomentar los desiertos verdes. Que un parque urbano no es un espacio para ser vivido por los ciudadanos, sino una postal para que los ricos la tengan de fondo en su salón.
Y derrota porque resulta que un juez es mejor guardián del bien común y mejor autoridad de ordenación del territorio que las instituciones democráticamente elegidas, aunque sea llevándose por delante un PGOU y una comunidad universitaria que aporta mucho más a la ciudad que los señores demandantes.
Sobre todo si la única unidad de criterio medioambiental es la de no molestar a los pudientes: el mismo tribunal y la misma Constitución protegen a la vez un pedacito de un parque infrautilizado y el interés de los especuladores de Tablada. ¿Así se defiende el «bien común»?