El Grupo Municipal de Izquierda Unida sostiene que el Ayuntamiento debe mediar para impedir el deterioro de este servicio municipal al que, actualmente, se acogen más de 3.200 personas mayores y dependientes en la capital hispalense.
El portavos de Izquierda Unida, Antonio Rodrigo Torrijos, ha informado que elevará una moción por la vía de urgencia al próximo Pleno del Ayuntamiento de Sevilla para reclamarle al Gobierno local del PP su intervención directa al objeto de «frenar el alarmante deterioro de las condiciones laborales de las 2.000 trabajadoras que desempeñan las labores de ayuda a domicilio del Consistorio», situación que ha devenido en la convocatoria de varias jornadas de huelga por parte de la plantilla a lo largo del mes de abril.
Según ha precisado Torrijos, “pediremos al Gobierno municipal que deje de inhibirse ante este asunto y que medie entre la concesionaria CLECE y el comité de empresa en aras de resolver el conflicto laboral existente y de evitar, además, los menoscabos que puedan producirse en la prestación de este servicio esencial que actualmente atiende a más de 3.200 personas mayores y dependientes en la capital hispalense”.
Igualmente, Izquierda Unida ha mostrado su pretensión de conseguir que «la Corporación Local muestre su apoyo a las movilizaciones que este colectivo decida realizar para defender sus puestos de trabajo e impedir la precarización que la nueva adjudicataria está tratando de imponer en la plantilla mediante despidos, amortizaciones de plazas y la renuncia al convenio provincial para acogerse unilateralmente al estatal, que es mucho más restrictivo en cuanto a derechos y garantías laborales. Sólo esta última medida implicará una sustancial merma salarial de aproximadamente 200 euros en unos sueldos ya de por sí bajos, que rondan los 800 euros de media».
Ante este panorama, Torrijos ha considerado que el Ayuntamiento no puede continuar mirando para otro lado y seguir alegando que este tema se enmarca exclusivamente dentro de la “relación particular” de la empresa con la plantilla. Y es que, según ha recordado, el Consistorio hispalense es el titular del servicio y, en última instancia, el responsable final de lo que le ocurra tanto a sus empleados como a sus destinatarios. Por ello, “ha de velar por el cumplimiento del convenio colectivo en vigor y ha de obligar a la concesionaria a corregir sus actuaciones abusivas”, ha apostillado.