Alaya ha imputado a once jefes de servicio de la Dirección General de Formación de todas las provincias andaluzas. Considera que acreditaron ficticiamente certificados de subvenciones ante la Intervención.
La juez Mercedes Alaya, que investiga las presuntas irregularidades en los cursos de formación financiados con fondos públicos, ha imputado por delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos a once jefes de servicio de Formación de la Junta de Andalucía y los ha citado a declarar entre los próximos días 9 y 12 de junio.
En un auto fechado el pasado 27 de mayo, del que informan agencias, la magistrada imputa a diez jefes de servicio de Formación de las ocho delegaciones provinciales de la Junta, a quienes cita a declarar la próxima semana, y a una jefa de servicio de la Dirección General de Formación, María Carril, a quien imputa pero no cita a declarar.
En el caso de Sevilla, los jefes de servicio imputados son dos pertenecientes a la delegación de Sevilla Carmen Gómez Laguillo y Daniel Fito García. Los imputados habrían permitido que en este último departamento «se confeccionaran los certificados por el que se acreditaban ante la Intervención que las subvenciones habían sido aplicadas a la finalidad para la que se concedieron, constando su cumplimiento y el correspondiente gasto total de la actividad subvencionada, certificado que liberaba el resto del importe de cada subvención».
Según Alaya, los imputados «omitieron iniciar y continuar los correspondientes expedientes de reintegro, no recuperando así los caudales públicos comprometidos, y confeccionaron las resoluciones de exoneración por las que multitud de empresas, sin justa causa, continuaron recibiendo el pago de subvenciones a pesar de tener múltiples subvenciones anteriores pendientes de justificar».