Según informó la , las instituciones públicas andaluzas tienen la “responsabilidad y la obligación» de «denunciar la impunidad de un estado que viola los derechos humanos, recordando la ilegalidad de sus actuaciones y humanizando a las víctimas como personas que son, con derecho a vivir en su propia tierra y a gobernarse por ellas mismas».
De este modo, los manifestantes pedirán a los representantes políticos de la comunidad que expresen su solidaridad con la población palestina que está siendo «bombardeada, masacrada, expoliada de sus tierras y humillada desde hace sesenta años”.
Asimismo, demandan que los políticos soliciten el «cese inmediato de los asesinatos de los dirigentes palestinos y de las detenciones generalizadas de población civil, así como de nuevos bombardeos e intervenciones militares» y denuncien la «política de castigos colectivos, de bloqueo, de apartheid y de expulsión de la población de los territorios ocupados como contrarias al Derecho Internacional y a la IV Convención de Ginebra referente al trato de la población civil en situaciones de guerra».