Archivo - Pisos turísticos en el Centro de Sevilla. - AG / EUROPA PRESS - Archivo

El Grupo Municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Sevilla ha recordado este lunes que ya pidió al Gobierno local, que preside José Luis Sanz, que ordenara el cierre de los pisos turísticos que incumplían la normativa urbanística al no estar ubicados en las plantas baja o primera. En este sentido, hasta el pasado 20 de febrero eran 715 viviendas al respecto las contabilizadas en el Registro de Turismo de Andalucía. Precisamente, es el mismo número de pisos que el alcalde ha solicitado hoy a la Junta para que se elimine esa catalogación como tal.

El PSOE ha denunciado que «sólo intereses ocultos» de Sanz con las plataformas y grandes propietarios «justifican que abra la puerta a 23.305 viviendas turísticas más en Sevilla y desacredite la alternativa socialista para que no haya ninguna más», destaca la formación en una nota de prensa

El concejal socialista Francisco Javier Páez ha explicado que el 10% de pisos turísticos sobre el total de viviendas residenciales que propone Sanz «lo decidió una consultora privada contratada por Emvisesa». Por tanto, «depende de su voluntad política rebajar ese porcentaje y que no haya ni una sola vivienda turística más atendiendo, como dice el decreto andaluz, a la razón imperiosa de interés general».

Páez recuerda que el PSOE ya reclamó al Gobierno local «que controlara y que se diera orden de cerrar los pisos turísticos que no respetaban la citada normativa urbanística, cuestión que hoy ha atendido con un informe firmado minutos antes de comenzar la segunda reunión» que ha mantenido el equipo de gobierno y los grupos de la oposición, critica el concejal socialista.

Después de que el equipo de gobierno municipal haya insistido en «que no es posible legalmente una prohibición o suspensión total de nuevos pisos turísticos», a pesar de que otras capitales andaluzas están buscando ya fórmulas jurídicas para hacerlo, «el PSOE ha planteado una alternativa que implica, de facto, los mismos efectos que una suspensión total».

«Aceptar esta alternativa, que consiste básicamente en reducir del 10 al 2,5% el porcentaje de viviendas turísticas sobre el volumen total de las residenciales, es una cuestión de voluntad política. Si quiere Sanz se hace y si no, Sevilla será campo abonado para otros 23.305 pisos turísticos más», explica el edil socialista, miembro también del Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente.

Informes de urbanismo

Alude Paéz a un informe de la Dirección Técnica de Urbanismo, donde asevera, en dos páginas, que el Ayuntamiento «no tiene potestad alguna para fijar una moratoria o prohibición alguna». Este informe dice «categóricamente» que los municipios andaluces no tienen potestad alguna de intervención en la organización y funcionamiento del Registro de Turismo de Andalucía y, por tanto, «no puede ejercer ninguna función tramitadora en él».

Sin embargo, el PSOE «no comparte esta rotunda afirmación» pues la Junta de Andalucía «no debería inscribir ninguna vivienda turística que contravenga la normativa urbanística municipal, que desde el año 2022 prohíbe -–pero sin carácter retroactivo– la ubicación de los pisos turísticos en plantas de edificios que no sean planta baja o primera, a excepción de aquellos dedicados en su totalidad a viviendas turísticas».

No en vano, el gerente, Fernando Vázquez, en otro informe «fechado también esta misma mañana», dice, con datos no actualizados –de febrero de 2024-– que existen 715 viviendas con fines turísticos inscritas en el Registro de la Junta de Andalucía que no cumplen los requisitos urbanísticos aprobados en 2022 y, en consecuencia, deben descalificarse como tales e impedir que puedan operar en la ciudad de Sevilla, petición que habría sido trasladada hoy mismo a la Consejería de Turismo».

«El PSOE precisamente reclamó este domingo que se procediera a una amplia campaña de inspección, en especial en el Distrito Casco Antiguo y Triana, sobre todas las viviendas turísticas que se registraron e iniciaron su actividad con posterioridad a la entrada en vigor de la restricción urbanística aprobada en el mandato municipal anterior y que equiparaba las exigencias urbanísticas de los pisos turísticos a las que tienen hoteles y apartamentos turísticos».

«Si ha habido algo positivo de la reunión de hoy, ha sido ese control sobre las normas urbanísticas que le habíamos exigido desde el PSOE», según ha abundado el concejal. «Lo que no puede ser es que la Junta siga inscribiendo viviendas turísticas sin el menor rigor ni control y sin tener en cuenta las normas locales», ha añadido Páez.

Pero ni uno ni otro informe de Urbanismo «dice nada al respecto de las restricciones legales para rebajar del 10 por ciento al 2,5 por ciento el límite de viviendas de uso turístico en relación con el total de viviendas residenciales disponibles por barrio». Ese 2,5%, al aplicarse al barrio y, a la vez, al conjunto de la capital, «supondría impedir que abriera ni una sola vivienda más y, además, que sobraran 995 pisos».

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