La Asociación de Profesionales de Viviendas y Apartamentos Turísticos de Andalucía (Avvpro) ha expresado su desacuerdo con la intención del alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, de interrumpir el suministro de agua a los pisos turísticos que operan de manera irregular. Avvpro ha advertido que la medida, propuesta por el alcalde y que sería ejecutada por la Empresa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla (Emasesa), no solo sería jurídicamente inviable, sino que también enviaría un «mensaje negativo» que podría afectar la imagen de la ciudad como destino turístico.
Francisco Javier Gutiérrez, vocal de Avvpro, declaró a Europa Press que aunque la asociación apoya la regulación contra la oferta ilegal de viviendas turísticas, cualquier acción debe estar fundamentada en la legalidad. Gutiérrez subrayó que, a pesar de la falta de autorización, estos inmuebles siguen siendo viviendas, utilizadas por turistas y posiblemente por residentes en otras épocas del año. Comparó esta situación con la imposibilidad de cortar el suministro en casos de ocupación ilegal de viviendas, sugiriendo que la propuesta del alcalde podría carecer de base legal suficiente.
Posible disuasión de los turistas
Además, Gutiérrez advirtió que la medida podría disuadir a turistas, quienes podrían temer que se les corte el suministro de agua durante su estancia, afectando negativamente la reputación de Sevilla en plataformas como Airbnb. Describió la propuesta como «populista y veraniega», y resaltó que Avvpro ha propuesto al Ayuntamiento la creación de un registro legal de viviendas turísticas para mejorar la regulación y control.
Por su parte, el abogado José Antonio Sires calificó la propuesta del alcalde como un posible «órdago social», pero alertó sobre la posible ilegalidad de la medida. Recordó que el acceso al agua es un «derecho universal» según el ordenamiento jurídico español, y que cualquier intento de restringir este derecho podría ser considerado una coacción y resultar en un recurso contencioso administrativo. Sires enfatizó que el acceso al agua es un derecho fundamental protegido por leyes de rango superior, y que cualquier normativa municipal que intente vulnerar este derecho estaría sujeta a numerosos desafíos legales.