El Grupo Socialista del Ayuntamiento de Sevilla ha denunciado este miércoles la «tardanza» del Gobierno local, liderado por el alcalde popular José Luis Sanz, en aplicar un plan de control contra los mosquitos que transmiten el virus de la fiebre del Nilo Occidental, tras confirmarse el primer caso de infección en la ciudad. Según el PSOE, la Junta de Andalucía ya abrió en agosto un expediente sancionador contra el consistorio por no tener actualizado el plan de vigilancia y control exigido por la administración autonómica, lo que incluye una propuesta de multa.
Encarnación Aguilar, concejala socialista, asegura que el Ayuntamiento ha «ocultado» dicho expediente, el cual refleja que el Gobierno municipal no había actualizado los protocolos de lucha contra el mosquito transmisor, ni puesto en marcha un plan preventivo, siendo la fumigación una medida clave. Aguilar ha criticado que hasta principios de septiembre, el único paso dado por el Ayuntamiento «fue un contrato de 25.000 euros para detectar los mosquitos, además de acciones mínimas llevadas a cabo por el Centro Municipal de Protección y Control Animal».
La concejala también ha señalado que, debido a la falta de acciones más contundentes, no se logró eliminar las larvas de mosquito en agosto, lo que llevó a la Junta a iniciar el expediente sancionador. Solo después de esto, según Aguilar, el Gobierno local aprobó un contrato de emergencia de 6000 euros para comenzar la fumigación, que no se habría ejecutado hasta hace una semana. Además, advirtió que el principal contrato de fumigación, necesario para frenar la propagación del virus, aún no ha sido adjudicado.
Sanz califica al PSOE de «desubicado»
El alcalde José Luis Sanz, en respuesta a estas acusaciones, afirmó en declaraciones a la Cadena SER que el Ayuntamiento lleva «casi tres semanas fumigando», con intervenciones diarias en zonas con aguas estancadas, como en Los Bermejales. Sanz desestimó las críticas del PSOE, calificando al grupo socialista de «desubicado y desnortado».
El virus del Nilo Occidental ha afectado a cerca de 70 personas en lo que va de año, principalmente en la provincia de Sevilla, con siete víctimas mortales. Ante esta situación, la respuesta del Ayuntamiento ha sido objeto de controversia y críticas por parte de la oposición.