El Consejo de Ministros ha aprobado una modificación en el convenio firmado con la Junta de Andalucía para la financiación del tramo norte de la línea 3 del metro de Sevilla. Este tramo, cuyas obras comenzaron en el barrio de Pino Montano, requiere una inversión total de más de 1300 millones de euros, que será asumida a partes iguales entre el Gobierno central y la Junta.
¿Qué cambios se han hecho?
Aunque el acuerdo original se firmó en enero de 2023, la Junta de Andalucía presentó un nuevo calendario de ejecución debido a retrasos en las obras. Para adaptarse a esta nueva programación, el Gobierno ha ajustado sus aportaciones económicas:
- En 2024, se reducirá la transferencia prevista de 47 millones de euros a 8,9 millones.
- Las mayores inversiones se realizarán entre 2027 y 2029, cuando se destinarán 173,8 millones, 159 millones y 140,9 millones respectivamente.
Estos cambios han sido aprobados por el Consejo de Ministros, ya que los nuevos plazos exceden los límites establecidos en la Ley General Presupuestaria para compromisos de gasto futuros.
¿Qué implica el convenio?
El convenio de financiación firmado en 2023 establece que:
- El coste total será asumido al 50% por el Gobierno y la Junta, incluyendo las obras, las asistencias técnicas, las expropiaciones y otros gastos relacionados.
- Los pagos del Gobierno se realizarán en función de los gastos que la Junta haya ejecutado y justificado previamente.
- En 2023, el Gobierno ya transfirió un anticipo de 20,2 millones de euros para arrancar las obras.
Polémica política
El reajuste de las aportaciones ha generado un enfrentamiento político. El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz (PP), expresó su temor de que el Gobierno central esté desviando fondos hacia Cataluña, en lugar de priorizar el metro de Sevilla. Sin embargo, el ministro de Transportes, Óscar Puente (PSOE), negó esta acusación y aclaró que los retrasos son responsabilidad de la Junta de Andalucía, que gestiona las obras.
¿Qué significa esto para el metro?
Aunque las transferencias económicas se han reprogramado, el compromiso total de 650,6 millones de euros por parte del Gobierno no cambia. La modificación busca ajustar el calendario de pagos al ritmo real de ejecución del proyecto, que avanza más lentamente de lo previsto inicialmente.