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Agentes de la Policía Nacional han destapado un fraude a la Seguridad Social en la provincia de Sevilla. La investigación, que ha contado con la colaboración de la Tesorería General de la Seguridad Social, revela una trama fraudulenta donde se han visto envueltas 15 empresas. Asimismo, el engaño asciende a casi un millón de euros.
Además, han sido detenidas seis personas, y otras seis se han visto investigadas por delitos contra la Seguridad Social y frustración de la ejecución.
Involucradas empresas de diferentes sectores
En el desarrollo de las investigaciones se pudo constatar la vinculación de administradores de empresas de sectores como el inmobiliario, estaciones de servicio, instalaciones eléctricas y paquetería. Supuestamente, utilizaron la creación de varias empresas sucesivas para continuar con la actividad, eludiendo el pago de las deudas acumuladas con la Seguridad Social. Se incluyó el uso de testaferros y la transferencia de trabajadores entre las distintas empresas para evitar responsabilidades fiscales y ocultar sus activos impidiendo así su previsible embargo.
Durante la investigación, se centró la atención en cuatro empresas dedicadas al sector inmobiliario y de la construcción. Las gestiones indicaron que los administradores de estas empresas dirigían las actividades y controlaban los trámites, compartiendo domicilios, personal y recursos. Realizaban una facturación cruzada y con la participación de un testaferro trataban de obstruir las previsibles consecuencias de la Seguridad Social.
Entre 2022 y 2023, las empresas acumularon deudas significativas con el ente público pese a su notable crecimiento en facturación y contratación, pero no cumplían con la obligación de pago de cotizaciones de los trabajadores.
Una de las empresas presentaba menor deuda y se utilizó para facturar con otros proveedores. De esta forma, realizaron una estrategia común en este tipo de delitos, para no acumular deudas en la empresa que factura y así poder seguir con su actividad.
De este modo, se determinó que los administradores de las empresas investigadas eran presuntamente responsables de un impago sistemático de cotizaciones, así como de dificultar la iniciación de procedimientos para evitar el cobro y hacer efectivo el fraude a la Seguridad Social. Así, se causó un perjuicio económico total a la Tesorería General de la Seguridad Social que asciende a más de 990.000 euros.