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Las patronales CÍES y CEACOP han trasladado a la justicia la resolución del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales. El documento trataba sobre el recurso de la contratación que interpuso el Ministerio de Transportes a la empresa pública INECO para la redacción del proyecto constructivo del cierre sur de la ronda SE-40, en el que se incluía un puente sobre el Río Guadalquivir.
El Tribunal Administrativo habría estimado parcialmente, el pasado mes de noviembre, las alegaciones de las ingenierías privadas, cancelando el encargo. Después de incorporar la metodología BIM, como solicitó el Tribunal, el Consejo de Ministros volvió a autorizar el proyecto. El nuevo encargo se publicó ayer en la plataforma de contratación del sector público, tiene un valor de 13,1 millones de euros.
En este sentido, las organizaciones empresariales han decidido proseguir judicialmente el caso en una entidad superior, la Audiencia Nacional. Así, entienden que se vulnera la ley de régimen jurídico del sector público sus respectivos contratos. Además, no ven justificado el encargo directo frente a la licitación pública, considerando que INECO no tiene experiencia en diseño de puentes y el encargo es más caro que una licitación. También argumentan que se infringe sin motivación el límite legal del 50% de la subcontratación (un 60,87%, que con el nuevo encargo será aún mayor).
Por último, tampoco estarían motivadas las razones de urgencia y seguridad que pudieran constituir el encargo. La orden de estudio para resolver el cierre del paso sur de la ronda SE-40 data de julio de 1995. La intención de las patronales con esta acción es conseguir que el proyecto se realice bajo licitación, incluyendo la concurrencia de empresas privadas de manera libre.