Libertad provisional para las seis personas por el desalojo de las viviendas de la calle Macarena, que permanecían en prisión desde el pasado 16 de febrero.
El desalojo se produjo en las viviendas ocupadas de la calle Macarena, donde tenía anteriormente su sede el centro ocupa de Casas Viejas, y que fueron ocupadas el pasado 15 de febrero, procediendo la Policía Nacional a desalojar los edificios por la mañana, en una operación en la que seis personas fueron detenidas.
El grupo Corrala Dignidad denunció la violencia policial durante el desalojo contra los detenidos, extremo que confirmó la Policía Nacional, que reportó lesiones en miembros del colectivo y agentes policiales.
Los seis detenidos permanecían en prisión desde entonces acusados de presuntos delitos de usurpación, desórdenes públicos, coacciones, daños y lesiones, hasta la puesta en libertad provisional de este viernes que llega tras una concentración en apoyo convocada por colectivos en apoyo de los detenidos, que consideraban su encarcelamiento una medida «totalmente desproporcionada».
Participa Sevilla celebra la puesta en libertad y considera que el proceso «criminaliza la pobreza»
La portavoz municipal de Participa Sevilla, Cristina Honorato, ha participado en la concentración en apoyo a los seis detenidos organizada ante los Juzgados de Sevilla por la plataforma No Somos Delito.
Honorato ha señalado que «estos dos meses en prisión han sido una medida desproporcionada en un contexto de recortes de libertades. Se ha querido dar un mensaje a la sociedad para que mire hacia otro lado ante situaciones tan graves como que 7 barrios de Sevilla encabecen los ranking de pobreza”, y ha mostrado su indignación porque los detenidos hayan permanecido 60 días en prisión preventiva en un proceso jurídico en el que, a su juicio «no se ha evidencias la necesidad de esta medida». Desde la formación consideran que en el proceso «se está criminalizando la pobreza».
Honorato ha realizado estas declaraciones durante la concentración en apoyo a estas seis personas detenidas organizada por la plataforma No Somos Delito, en la que convergen diferentes colectivos y fuerzas políticas de la ciudad. Desde estos colectivos se considera que la medida judicial es totalmente desproporcionada y que la falta de motivación jurídica evidencia la persecución que están sufriendo quienes no se resignan a dar por válido el incumplimiento del derecho a la vivienda. Además, también destacan que en todo este proceso se está criminalizando la pobreza.
Honorato ha pedido a las diferentes administraciones que en vez de “criminalizar la pobreza”, asuman sus responsabilidades en esta situación. “La pobreza en Sevilla es porque alguien no hace su trabajo. Todas las administraciones se deberían esforzar porque Sevilla no cuente con los barrios más pobres del Estado, porque haya un parque de vivienda público que garantice el derecho a una vivienda y porque haya unos servicios sociales dignos, con un modelo de sinhogarismo que ponga las necesidades de las personas en el centro y no a los intereses económicos”, ha reconocido la edil para concluir.