Las grandes organizaciones ecologistas advierten de la posibilidad de una nueva catástrofe medioambiental en Andalucía ligadas a sus minas 20 años después del accidente de la mina de Aznalcóllar. Las ONGs acusan a la Junta de Andalucía de ser consciente de los incumplimientos de las autotizaciones por parte de empresas mineras y alertan de «la relajación de los controles administrativos y legales». El Gobierno andaluz defiende reabrir la mina señalando que podría suponer una inversión de
En rueda de prensa, representantes de Greenpeace, Ecologistas En Acción, SEO/BirdLife, WWF y Amigos de la Tierra han recordado que el accidente, en el que siete millones de metros cúbicos de distintos lodos y aguas ácidas con distintos contaminantes envenenaron más de 60 kilómetros de la llanura del Guadiamar, puedo haberse evitado si las autoridades andaluzas y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir «hubieran tomado las medidas necesarias de prevención y cautela» y escuchado las denuncias que venían produciéndose desde 1995, como relatan las organizaciones en un comunicado.
Ahora los ecologistas alertan del riesgo de que una catásfe como la de Aznalcóllar vuelva a repetirse. Las organizaciones han mostrado su rechazo frontal a la pretensión de reabrir precisamente la mina de Los Frailes, en Aznalcóllar, que según denuncian cuenta con el amparo de la Junta de Andalucía, quien ha otrogado una concesión a la empresa Minera Los Frailes, quien «ni siquiera participó en el concurso minero». La concesión, critican los ecologistas, se ha «otorgado sin realizas la Evaluación de Impacto Ambiental ni la Autorización Ambiental Unificada, como marca la ley».
La reapertura de la mina en cuestión se ha propuesto mediante minería subterránea y, requiere, de acuerdo con las organizaciones, que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir autorice previamente el vaciado de la corta minera a cielo abierto, que se encuentra abandonada desde 2001. Esta alberga 14 millones de metros cúbicos de aguas ácidas, el doble del volumen derramado en el accidente de Aznalcóllar, que «se verterían al espacio protegido de la Red Natura 2000, el Corredor Ecológico del Guadiamar. Es decir, se podría volver a contaminar el mismo cauce en el que se ha invertido una gran cantidad de dinero público para su restauración», advierten los ecologistas, que solicitan por ello la revisión de oficio de la concesión.
Los ecologistas advierten de que Riotinto es «otra catástrofe medioambiental en ciernes»
Por otro lado, las organizaciones han dirigido la atención hacia «otra catástrofe ambiental en ciernes, de consecuencias incluso peores»: el posible colapso de las balsas de lodos de la Mina de Riotinto. La Junta de Andalucía, denuncian, está permitiendo «la actividad minera de la empresa Atalaya Riotinto Minera, a pesar de que esta compañía incumple de manera continuada desde hace más de tres años las condiciones de procesado de los lodos, contribuyendo aceleradamente al deterioro y la inseguridad de las presas que los retienen.
La empresa «está vertiendo los lodos a las balsas con un contenido líquido del 70%, mientras que las autorizaciones ambientales y mineras obligan a espesarlos por debajo del 50%», lo que acelera la posibilidad de fracturar los muros de las presas, explican las asociaciones, que apuntan a que la empresa «ni siquiera ha construido la planta de espesado de lodos prevista en las autorizaciones».
Así, los vertidos se producen cerca de los muros de cerramiento, con lo que la acumulación de líquido, unido a las fuertes lluvias recientes, «produce a su vez efectos de subsidencia que podrían dañar la base de estos muros. A esto se une el hecho de que dichos muros han sido recrecidos con técnicas y materiales similares a los que se usaron en la maltrecha balsa de Aznalcóllar, lo que incrementaría el riesgo de rotura».
Según los ecologistas, la Junta de Andalucía es consciente de estas negligencias, y recuerdan que en abril de 2016 la autoridad minera de Huelva detuvo el vertido de lodos por el incumplimiento de las condiciones de espesado, pero «en apenas tres semanas la Dirección General de Minas levantó esa paralización, permitiendo el vertido de lodos sin que se cumplan las condiciones impuestas por ese mismo departamento en la autorización de reinicio de la actividad minera».
La Junta defiende que la reapertura podría traer más de 350 millones
La Junta defiende reabrir la mina insistiendo en que podría traer consigo una inversión de más de 350 millones de euros y más de mil puestos de trabajo. En rueda de prensa, el portavoz del Gobierno andaluz, Juan Carlos Blanco, ha insistido en que la recuperación de la zona afectada es «modélica» y la «consolidación» de la minería en Aznalcóllar es un «avance».
«Seguimos demandando a la empresa Boliden que devuelva una parte del importe que se tuvo que gastar la Junta de Andalucía», ha señalado Blanco, quien ha apuntado que la Junta ha invertido más de 163 euros millones de euros para su recuperación tras el accidente.
20 años de la tragedia medioambiental de Aznalcóllar
El aviso de las organizaciones ecologistas llega dos décadas después del accidente minero y medioambiental de Aznalcóllar, ahora de nuevo en el punto de mira de los medioambientalistas. En 1998, la rotura de la balsa de residuos de la multinacional Boliden liberó al cauce del Guadiamar 5,5 millones de metros cúbicos de lodos y 1,5 millones de aguas ácidas, con alto contenido en metales pesados y elementos tóxicos que envenenaron la llanura de inundación del Guadiamar a lo largo de 60 kilómetros llegando a las puertas de Doñana.
Las ONG insisten en que el vertido pudo haberse evitado de haber las autoridades, en especial la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, tomado medidas de prevención ante las denuncias de los ecologistas desde 1995.