El Consejo de Gobierno ha acordado el inicio, por parte de la Consejería de la Presidencia, Administración Local e Interior, de los procedimientos para exigir la responsabilidad civil a los ex altos cargos condenados en el caso ERE y la ejecución de las resoluciones administrativas que comporten recuperación de cantidades abonadas con cargo a los programas presupuestarios 22E-31L.